Según los responsables de los centros de buceo, es un escándalo, ya que hasta ahora pagaban 100 euros por el servicio que pasará a costar 1.600 euros. Los profesionales piden al Gobierno de Canarias que modifique este disparate porque, de lo contrario, puede afectar gravemente a un sector que ya está muy castigado por un exceso de tasas y normativas.

Entre estas exigencias regulatorias, se obliga a los centros de buceo a pagar los servicios de una cámara hiperbárica. Ante la indignación mostrada por los centros de buceo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno Canario informa que su trabajo es velar para que que se cumpla la normativa vigente y que el precio de las cuotas de las cámaras hiperbáricas depende de las empresas privadas que gestionan el servicioLos centros de buceo fueron avisados de esta subida con solo un mes y algunas empresas comienzan a pensar en cerrar para evitar la hemorragia de gastos que están soportando. Ante las reclamaciones de los centros, la Consejería les ha respondido por carta notificándoles que de no pagar esta cuota, se les retirará la autorización concedida.

Los responsables de los centros de buceo explican que los buceadorespagan las licencias o seguro obligatorio que cubren el uso de la cámara hiperbárica en el caso de que sea necesario. Los instructores que acompañan a los buceadores también tienen un seguro que cubre este servicio y los centros de buceo otro, con lo que los buceadores pueden pagar hasta cuatro veces el mismo servicio. Según informan desde los centros, estos gastos repercuten sobre el precio del buceo y terminará destruyendo puestos de trabajo, ya que muchos centros pequeños no podrán resistir.

Los profesionales del buceo también denuncian la existencia de numerosas entidades que bajo el paraguas de "club sin lucro" realizan sus actividades escondiendo un importante negocio en negro. Estos centros ilegales no están expuestos al bombardeo de pagos a los que están sometidos los que trabajan legalmente y no respetan los requisitos en materia de seguridad, pudiendo ofrecer así unos precios muy bajos. 

Las empresas de buceo solicitan al Gobierno de Canarias que extreme la vigilancia y que inspeccione estos negocios ilegales que ponen en peligro la seguridad de los usuarios y la economía de los centros que trabajan legalmente..